Sí es justo nombrar a las cosas por su nombre, podemos comenzar por nombrar que la guerra en las montañas orientales del estado de Guerrero no ha tenido descanso en más de 500 años. Tanto el pueblo Me’phaa (tlapaneco), el Na savi (mixteco) y el Naua han sabido bien eso. Los primeros, herederos de la cultura Yope, han sido indomables desde la expansión del imperio Azteca, quienes junto a sus vecinos, han atestiguado hasta  la etapa guerrillera de Cabañas y Vázquez de la década de 1970, llegando al día de hoy enfrentados a la militarización federal de los últimos 16 años.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sabe bien que la guerra no declarada abiertamente a los pueblos originarios es la fuente de las injusticias. La montaña florecerá cuando la justicia habite entre los Me’phaa, Na savi , Nauas y Mestizos. Así reza el frente de la calle Mina, número 77 de la ciudad india de Tlapa, lugar donde tiene su domicilio esta asociación dedicada a contrarrestar y señalar los abusos de autoridades municipales, estatales, federales e internacionales, en una de las regiones interétnicas más conflictivas del país. 

Los pasados 23 y 24 de julio se celebró el aniversario 16° de Tlachinollan, y con solo esos dos días los asistentes al encuentro pudimos sentir la guerra de tan de cerca. Como en años anteriores se presentó el informe anual de actividades y con ello una ventana de ejemplar valentía y tezón de parte de los integrantes de Tlachinollan, encabezados por Abel Barrera, de las decenas de organizaciones indígenas de la región y de la solidaridad mestiza nacional, así como internacional. Contra viento y marea, o más bien, contra balas y fueros, estos hombres y mujeres le han puesto cara a los abusos de toda índole. Entre los casos acuñados en su historia se cuentan la investigación de la masacre de Aguas Blancas en 1996, la oposición a la presa La Parota  desde el 2000, la defensa los presos indígenas ecologistas y las condiciones de los migrantes dentro y fuera del estado.

Para esta ocación se presentaron casos que bien podrían ser concebidos en términos de terrorismo de estado. Por un lado se ha cumplido un año y medio de la desaparición forzada, tortura y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, líderes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) , reconocidos como defensores de los derechos humanos y principales promotores, hasta su muerte, de la búsqueda de justicia y prosperidad para su pueblo; pero que hasta la fecha sigue sin resolución su caso. Por otro lado, se plasma también la persecución a los líderes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), para ellos fue necesaria la acción del gobierno de Zeferino Torreblanca, gobernador actual y surgido de la alianza entre PAN y PRD, quien con la complacencia de caciques locales encarceló a cuatro integrantes de la OPIM acusados de asesinar a un informante del ejército federal en enero de 2008. De los 5 encarcelados, Raúl Hernández Abundio es el único que sigue tras las rejas injustamente, su caso, ejemplo de irregularidades orientadas desde el poder político local, es reconocido por Amnistía Internacional como un preso de conciencia.

Es de subrayar que este caso de seis integrantes del OPIM está muy relacionado con uno de los problemas más emblemáticos de los últimos años, la militarización de las zonas indígenas y los atropellos que lo acompañan. En 2002 Inés Fernández y Valentina Rosendo, ambas Me’phaas, fueron violadas por integrantes del ejercito federal. Ambas recibieron el maltrato castrense hasta la puerta de su casa la cual fue allanada con la falsa consigna de buscar armas y a sus maridos. Para Inés el camino ha sido duro, su hermano Lorenzo, quien la acompañó en su travesía de exigir justicia, fue asesinado y dejado su cuerpo sobre el camino que va rumbo a su pueblo hace dos años. Sus hijas que reconocieron a los atacantes han sido objeto de intentos de rapto y hostigamiento. Pero para Valentina no ha sido mucho mejor. Despúes de la violación su búsqueda de justicia le acarreó el rechazo de su marido y de su comunidad, a ocho años del hecho el exilio ha sido su constante y apesar de ello invita a las mujeres a “romper las cadenas del silencio y del odio”. Ambos casos se encuantran ahora en la espera de una resolución en la Corte Interamericana de Drechos Humanos ya que, como es de adivinarse, los procesos legales, tanto locales como nacionales, están plagada de incosistencias, testimonios truqueados y una sumisión abyecta a las ordenas castrenses por encima de las autoridades civiles, dejando ver el abandono del campo de acción de estas y la ampliación de los fueros y abusos militares vueltos juez y parte. 

Todo lo expuesto nos lleva a pensar en la sistemática actuación del estado mexicano en su conjunto. Donde la organización de los más vulnerables es motivo de criminalización y hostigamiento, y dónde las mujeres sólo son un botín de guerra para los uniformados, que cuando violentadas y sobajadas se covierten en una herida profunda en lo más íntimo los pueblos originarios. Estos son los casos que se atrevieron a alzar la voz, a continuar un camino de sinuosos trastabilleos legales, de señalamientos públicos y amenazas veladas… ¿Cúantos más habrá en la sombra del silencio?

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